Mientras la mayor parte de peruanos sufre las consecuencias de la paralización de sus operaciones por el covid-19 y especialmente de la cuarentena decretada por el gobierno, miles de familias sobreviven como pueden y sus deudas se multiplican por los inmensos intereses y penalidades que aplican las entidades financieras, nos enteramos que las más grandes corporaciones, empresas con deudas con el Estado y con cuentas off shore en paraísos fiscales se benefician del programa Reactiva Perú. A la par, las pequeñas y microempresas y los independientes no reciben ningún apoyo significativo y luchan por obtener algún tipo de crédito con intereses abusivos de parte de la banca privada para poder sobrevivir.
Algo anda muy mal cuando el sistema privilegia a unas minorías millonarias y se olvida de la mayoría de la población. Un sistema de ese tipo genera no solamente el rechazo mayoritario sino indignación y crea el clima perfecto para que se produzca una verdadera revolución que puede terminar cambiando todas las reglas de juego. Las encuestas amañadas y los medios gobiernistas no parecen ser capaces de sostener un gobierno y un modelo que se olvidó de los más afectados, que son siempre los más pobres. Cualquier candidato presidencial antisistema tendrá más chance en las próximas elecciones que los políticos defensores del statu quo.
Una investigación de Ojo Público revela que el 73% de los créditos especiales con intereses bajísimos han sido para las grandes empresas. Las microempresas recibieron únicamente el 3%, 20% las pequeñas y 4% las medianas. 150 millones de soles del programa han sido para el grupo empresarial de Carlos Rodríguez Pastor, el dueño de Interbank, solo por poner un ejemplo. La argolla de siempre repartiéndose la plata de todos los peruanos, denuncian los que no han podido acceder a ningún tipo de ayuda gubernamental.
No es normal avalar y apoyar un modelo en el que el Estado se ha olvidado de los más pobres, que son los que más ayuda requieren. La mayoría de medios tradicionales podrá maquillar la realidad por un tiempo, pero ésta es mucho más fuerte y en elecciones libres, justas y transparentes, el candidato que represente un verdadero cambio ganaría sin problemas.
El daño generado a la economía es más grave de lo que cualquiera pudo imaginar y mientras desde el Poder Ejecutivo parece que se busca salvar solamente a algunos grandes y privilegiados grupos empresariales (porque no se entiende de otro modo el programa Reactiva Perú), en el Congreso quizá exista la posibilidad de que se vele por los intereses de los que han sido olvidados por el Presidente Vizcarra: los ciudadanos de a pie, los que pagan intereses usureros a los que el sistema ha decidido proteger.
Miles de empresas medianas y pequeñas y millones de independientes están quebrados y el gobierno parece no darse cuenta hasta hoy de esa realidad.
Los que creemos en la libertad y en la competencia nos rebelamos cuando el gobierno trata de manera desigual a unos y otros y pone en una situación de extrema ventaja a unos pocos y en enorme desventaja a la mayoría.
La paz social se logra cuando las diferencias no se incrementan exponencialmente, sino cuando se logra que cada vez más personas logren el bienestar y el progreso. En ese sentido, es necesario reactivar la economía y para eso las personas tienen que poder desarrollar sus emprendimientos con muchas más facilidades, no con trabas ni prohibiciones. Esta crisis podría servir para simplificar la mayor parte de trámites absurdos y para rediseñar también nuestro sistema tributario para hacerlo mucho más simple y accesible para todos.
Las imágenes de la policía y el serenazgo persiguiendo a los vendedores ambulantes son muy fuertes y revelan que no se termina de comprender que lo que buscan las personas es salir adelante, no robar. La formalización de nuestra economía solamente será posible si se comprende que los trámites y papeleos legales son generalmente un obstáculo para el desarrollo. La simplificación y desregulación de nuestra economía puede darse si los que detentan el poder aceptan que el modelo vigente realmente no funciona para la mayoría de peruanos.
Si el gobierno no replantea pronto su estrategia, se alejará cada vez más de la población. Yo sinceramente no creo en las encuestas que señalan que las grandes mayorías aprueban a un gobierno que en la práctica se ha olvidado de ellas.
El asistencialismo y el apoyo a las poblaciones vulnerables es necesario en situaciones extremas pero la clave para lograr la recuperación de nuestro país pasa por tratar con el mismo esmero y cuidado con el que se ha tratado a las grandes empresas, a los micro y pequeños empresarios que son la gran mayoría de peruanos.
Por último, no es menos importante que el Estado demuestre que no se puede abusar de los monopolios, los oligopolios ni las posiciones de dominio, menos en situaciones de emergencia como las que vive hoy nuestro país.
LUIS ALFONSO MOREY
Luis Alfonso Morey Estremadoyro (Lima, 1974) es abogado por la Universidad de Lima y Máster en Gestión de Empresas de Comunicación por la Universidad de Navarra. Estudió en The Academy for American and International Law (Dallas) y realizó en Executive Program on Corporate Management en AOTS (Tokio).
Se ha desempeñado como docente en la UPC y ha sido Director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico.
Es abogado asociado al Estudio Flores-Aráoz Abogados y miembro del Consejo Consultivo de la Carrera de Comunicaciones de la USIL. Ha sido director de distintos medios de comunicación y es propietario y Director General de Digital TV Perú.