Muchos se preguntan hasta dónde llevará el gobierno de Pedro Castillo su no disimulada intención de darle un zarpazo a la libertad de prensa. Cuándo y cómo será, son las otras incógnitas. A parte de las mencionadas interrogantes, yo agrego dos, a mi consideración, neurálgicas: ¿tiene el periodismo peruano el respaldo de la opinión pública?, ¿los ciudadanos se movilizarían enojados y con alto criterio cívico en defensa de los medios de comunicación existentes?

Se conoce que esta amenaza proviene tanto del ideario del partido Perú Libre, con el cual Castillo pasó a la segunda vuelta el 10 de abril, como de opiniones e iniciativas de sus seguidores. El programa de gobierno indica que los medios televisivos, radiales y escritos “distorsionan la mente” de
las nuevas generaciones. Asimismo, señala que “los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la
moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”.

En la misma línea, insta en la necesidad de regular a los medios de comunicación, pues considera que en un estado democrático todo está sujeto a la ley y no debe confundirse “libre mercado” o “libertad de prensa” con “impunidad”. Por ello, sostiene sin tapujos: “Una prensa libre es vital para la democracia; pero contradictoriamente, una prensa amarilla es fatal para la misma”. Con una ley de regulación, continúa, se evitaría “la libertad del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y, sobre todo, la
mentira”.

El 4 de julio, Perú Libre manifestó que existe “una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en el financiamiento ilegal de su campaña” y culpó al Grupo El Comercio de hacer “eco con su monopolio”. Ello, para poder respaldar la “necesidad” de una “ley de medios y terminar con estos extorsionadores”.

Tras la instalación del Gobierno, y con el Poder Legislativo ya en funcionamiento, la bancada oficialista presentó el proyecto de Ley N.°269/2021-CR, mediante el cual se pretende declarar “de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”. Kilos de eufemismos contra la libre expresión solo en el
enunciado de dicho proyecto.

Todo este expediente ha puesto los pelos de punta al periodismo nativo y sus instituciones más representativas. Viene otra de las innumerables luchas ejercidas por quienes defienden el principio de que es mejor una prensa vocinglera, muchas veces exacerbante para los poderes públicos a una monocorde, halagüeña y servil a los mismos. Dicho esto, cabe ponerse al otro lado del mostrador. Desde ese ángulo se
ilustran ventajas para quienes pretenden materializar el zarpazo, siendo la primera de ellas que la prensa como conjunto carece hoy de cabida en el afecto de la mayoría de nuestros compatriotas. Prueba de ello es que no se han divulgado recientes encuestas acerca de la percepción de la ciudadanía sobre el periodismo. Al respecto, considero que la pregunta se ha hecho, pero ante el apabullante rechazo recibido, los medios han omitido su difusión.

El rechazo tiene múltiples causales, mas existen dos que predominan: la certeza de que las corporaciones periodísticas y algunos reporteros venden o alquilan (frase de Federico More) los contenidos informativos; y el sesgo enconado de sus noticias políticas, todas pintadas en blanco y negro con poco centro analítico.

Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Guido Bellido —quien se burla de la prensa en quechua— y otros en el oficialismo lo saben. Cuidado que la calle otorgue sustento al despropósito gubernamental y aplauda el pisoteo a la prensa.

Escribe: Cesar Campos R.