“La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.”

Artículo 46 de la Constitución Política del Perú.

El divorcio entre las diversas decisiones del gobierno y la realidad parece cada vez mayor. Quizá no se comprende que miles de peruanos viven en la informalidad, que tienen economías de subsistencia, que están endeudados con el sistema bancario y que lo único que piden hoy es poder desarrollar sus actividades empresariales.

Los burócratas parecen no darse cuenta que prohibiendo salir a las calles están matando gente y destruyendo hogares. Sin embargo, son muy pocos los medios cuestionan y la mayoría avalan las decisiones gubernamentales por absurdas que en ocasiones éstas puedan resultar.

No es fácil gobernar en una situación como ésta. El coronavirus ha causado daño pero las malas decisiones del gobierno pueden causar aún más. A la luz de lo que vemos que está ocurriendo podemos decir que la cuarentena -tal como está planteada- ya no tiene sentido. Dos meses y medio en el que hemos estado sometidos a arresto domiciliario no han servido para evitar que los contagios por Covid-19 se multipliquen pero sí han servido para arruinar la economía de millones de personas.

Las medidas gubernamentales, que han incluido el recorte de nuestras libertades, miles de prohibiciones, toque de queda, multas y arrestos absurdos han tenido un efecto demoledor en la economía nacional.

Pero lo que viene ocurriendo con la complacencia de la multimedia dominante en verdad tiene mucho sentido. Me explico. Hay sectores y grupos económicos que no solamente no se han visto perjudicados en esta crisis, sino que se han visto inmensamente favorecidos. Créditos a tasas de interés preferenciales, facilidades para operar en un mercado en el que la mayoría está prohibida de hacerlo y contratos millonarios con el Estado han hecho que grandes corporaciones, medios de comunicación privilegiados, la banca y las AFP se enriquezcan a cosa de un mercado con competencia restringida y con el dolor y el sufrimiento de los más pobres que están encerrados en sus casas.

Por eso es que los viejos y grandes medios -que sobreviven gracias a la publicidad del gobierno- han puesto en práctica una estrategia editorial en la que se presenta a los pobres peruanos, a los informales y a los pequeños comerciantes como responsables de la crisis, como gente desadaptada e irresponsable que no sabe cuidarse y como ciudadanos de segunda categoría que deben seguir bajo arresto domiciliario sin poder trabajar. Y mientras eso ocurre los grandes grupos se levantan en peso el Perú.

Los pobres son tratados como delincuentes cuando lo único que piden es poder desarrollar sus actividades comerciales siguiendo los protocolos de distanciamiento social, como lo hacen los banqueros y empresarios del mundo corporativo. Los restaurantes más exclusivos se han adaptado y ya han implementado servicios de delivery o de recojo, pero los pequeños y más humildes no lo pueden hacer. Algo anda muy mal en el país en el que a los empresarios de Gamarra se les prohíbe trabajar y en el que -a la par- se permite que los del “Esto es Guerra” sí lo hagan. El caso más grosero que evidencia que varias de las normas del gobierno de Vizcarra son absurdas es que los programas basura de la televisión operen con total normalidad y que los pequeños comerciantes no lo puedan operar.

Pocos países del mundo aceptarían que les recorten las libertades como lo estamos permitiendo en el Perú. Las restricciones a la libertad son aceptadas por la mayoría y las élites no dicen nada en tanto les permitan operar.

¿Cuánto tiempo más puede un pueblo aceptar el maltrato que viene recibiendo? Es difícil predecirlo pero todo dependerá de que aparezca o no un grupo de valientes dispuestos a luchar por la libertad y por el derecho a no seguir siendo discriminados.   

El derecho a la insurgencia es un mecanismo previsto constitucionalmente para la defensa de la democracia. La actual Constitución de 1993 reconoce expresamente dicha facultad en su artículo 46, segundo párrafo, el cual señala lo siguiente: «La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional». Esta figura jurídica tiene por finalidad la defensa del Estado de Derecho frente a la agresión de cualquier clase de golpe de Estado, sin importar de dónde provenga, sea de autoridad civil o militar.

Este mecanismo permite al pueblo, en ejercicio de su soberanía, defenderse de cualquier Poder Ejecutivo omnívoro que pretenda incrementar sus poderes.

Habrá quienes querrán decir que la insurgencia no procede intentando confundirla con la rebelión. El derecho de insurgencia, empero, es un arma de protección constitucional justamente para que el pueblo no deje atropellarse.

El derecho a la insurgencia es una acción violenta, pero tiene como finalidad defender a un régimen legalmente constituido por el pueblo, frente a cualquier atropello al Estado de Derecho. La titularidad del derecho a la insurgencia le corresponde al pueblo en su conjunto. Mientras que la rebelión se encuentra tipificada como delito, el derecho de insurgencia es un derecho subjetivo reconocido por la Constitución.

Es importante indicar que el uso del derecho a la insurgencia en defensa de este orden constitucional incluye sus preceptos constitucionales: los derechos y deberes fundamentales de la persona, el régimen económico, la estructura del Estado, las garantías constitucionales, entre otros.

Si el gobierno de Vizcarra no quiere terminar mal, es preciso que lidere mejor, deje de ser manipulado por ciertos grupos de poder, corrija sus errores, escuche más y mejor al pueblo y le devuelva la libertad a la gente cuanto antes. De lo contrario, corre el enorme riesgo de que el pueblo se rebele contra la discriminación, la injusticia y el atropello del que viene siendo objeto. Libertad con responsabilidad deben prevalecer frente a políticas de un Estado policíaco que no respeta a la ciudadanía.

Más empatía y más contacto con la realidad le harían mucho bien al Presidente Vizcarra y a sus colaboradores más cercanos. Es hora de decirle al Presidente que la libertad es uno de los pilares de la democracia y hoy está seriamente afectada. Es hora de recordarle que está prohibido prohibir.

LUIS ALFONSO MOREY

Luis Alfonso Morey Estremadoyro (Lima, 1974) es abogado por la Universidad de Lima y Máster en Gestión de Empresas de Comunicación por la Universidad de Navarra. Estudió en The Academy for American and International Law (Dallas) y realizó en Executive Program on Corporate Management en AOTS (Tokio).
Se ha desempeñado como docente en la UPC y ha sido Director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico.
Es abogado asociado al Estudio Flores-Aráoz Abogados y miembro del Consejo Consultivo de la Carrera de Comunicaciones de la USIL. Ha sido director de distintos medios de comunicación y es propietario y Director General de Digital TV Perú.